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[EMOL] Ley contra narcotráfico y crimen organizado: Los detalles y focos del anuncio del Gobierno

Marco Zecchetto Rocco

Expertos explican los pilares principales de esta nueva normativa, los cambios en las penalidades ante diferentes crímenes, y el escenario esperado tras su aplicación.

Desde la Avenida Perú (Viña del Mar), y frente a la presencia de diversas autoridades, el Presidente de la República, Gabriel Boric, promulgó la Ley Antinarcotráfico (21.575), que modifica diversos cuerpos legales a modo de mejorar la persecución de este delito y el crimen organizado, regulando el destino de bienes incautados en esas actividades y fortaleciendo las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

Acompañado por la ministra del Interior, Carolina Tohá; la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González; el gobernador Rodrigo Mundaca; y la alcaldesa de Viña, Macarena Ripamonti, el mandatario manifestó que el Gobierno estaría analizando nuevas medidas para enfrentar el aumento de la criminalidad, y aseguró que “estamos pensando (…) en una cárcel especial para los grandes narcotraficantes, para que no exista el contagio criminal”.

Entre los principales lineamientos, la normativa permite la distribución provisoria de recursos extraídos del narcotráfico para otorgar mejores herramientas y financiar la persecución e investigación por parte de las policías, quienes además tendrán mayores facultades para fiscalizar a las personas que estén o deban estar inscritas en el registro de precursores y sustancias químicas. En el caso de instituciones que luchan contra las consecuencias del narcotráfico, como el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), se destinarán permanentemente los bienes sustraídos desde el narco.

Este foco en el comiso de bienes, que incluye a los inmuebles, buscará detener el financiamiento de bandas o delincuentes dedicados al narcotráfico. También, la ley establece la obligación a nuevos sujetos a reportar sobre sus actividades comerciales a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), además de la creación de una unidad especializada en el Ministerio Público, para colaborar con los fiscales a cargo de investigaciones por ley de drogas.

“Habrá una persecución real de la ruta del dinero plasmado en empresas ficticias para el lavado de activos en diversos rubros, lo que hasta antes de la promulgación de esta ley fomentó el enriquecimiento ilícito del crimen organizado, permitiéndoles diversificar inversiones, lo que a su vez consolidó económicamente a bandas dentro de determinados territorios con empresas de pantalla, que limpiaron por años dinero provisto por el tráfico de drogas, aumentando así el poder de las distintas bandas”, asevera Alejandro Vega, director de Fundación País Seguro, entidad que vela por la discusión de materias de seguridad, con especial énfasis en los gobiernos locales y políticas públicas relativas a la seguridad.

Pilares de la normativa y aumento de penas

Vega señala que uno de los pilares fundamentales será el fortalecimiento, con mayor personal y tecnología, a la Unidad de Análisis Financiero, con el fin de permitirle fiscalizar diversos rubros, tales como: la hípica, el desarrollo inmobiliario, la compra y venta de inmuebles, metales preciosos, vehículos, entre otros.

De acuerdo con el experto, esto será la “punta del iceberg”, que permitirá la incautación y recuperación de especies y que irá de la mano con el aumento de penas en la tipificación de delitos asociados a la Ley 20.000 de drogas.

Carla Vargas, especialista en derecho civil y miembro de Rojas Abogados, detalla que la normativa establece:

• En el caso de personas que suministren drogas a otros sin su consentimiento, la pena va desde los 541 días hasta los cinco años y se agrava si el suministro de la sustancia se realizó bajo la violencia o intimidación.

• Del mismo modo, se busca proteger la infancia, aumentando las penas del delito de suministro a menores de 18 años. Esto también aplica para quienes suministren productos que contengan solventes o gases inhalantes (benceno, tolueno u otros), que provoquen daños a la salud física y psíquica de niños, niñas y adolescentes.

• Se considera como agravante el proveer armas de fuego para fines delictivos a los menores o personas exentas de responsabilidad penal.

Entre otros términos, la nueva Ley 21.575 permite la justificación del cultivo de cannabis para fines medicinales, con la presentación de una receta expedida por un médico cirujano. Esta receta deberá indicar la enfermedad, tratamiento y duración, y quienes las falsifiquen para justificar sus cultivos arriesgan sanciones que van desde los 5 años y un día, hasta los 10 años.

Lo que se puede esperar tras su promulgación

Juan Carlos Manríquez, abogado y profesor de Derecho Penal y Litigación Estratégica de la UC, y presidente del Comité Jurídico de la Corte Penal Internacional, señala que el Gobierno deberá fortalecer con determinación la persecución del narcotráfico y del crimen organizado, impidiendo que las bandas y sus miembros se enriquezcan a través de la comisión de delitos.

Además, el académico explica que estas organizaciones tienden a ostentar el producto de sus delitos, argumentando que esto favorece su aceptación y naturalización imitativa en los jóvenes que ven en el delito una alternativa elegible de vida.

Manríquez añade que el Ejecutivo deberá avanzar en el Congreso, ingresando un “proyecto de ley para fortalecer la inteligencia financiera y mejorar la capacidad de Aduanas, del Servicio de Impuestos Internos para poder cumplir con estos objetivos y levantar de manera más expedita el secreto bancario de los indagados en ciertos casos”.

“Lo que el país espera, es de una vez por todas dar un verdadero golpe al narcotráfico, y más que demoler ampliaciones irregulares, es ir a incautar y recuperar bienes muebles e inmuebles para el fortalecimiento del Estado y la labor policial. Por ejemplo, una propiedad de metraje y ubicación apropiada emplazada en una comuna con alta densidad poblacional podría perfectamente transformarse en una unidad policial, un centro de salud o una oficina del Registro Civil. El abanico es amplio y creemos que esta ley le da al crimen organizado donde más les duele, el patrimonio y el enriquecimiento ilícito”, agrega Alejandro Vega.


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